MÉXICO, D.F., noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- El secuestro es un grave fenómeno que afecta la seguridad nacional y la gobernabilidad del país, afirmó el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas del Partido Acción Nacional (PAN), y planteó nuevos derechos para las víctimas de este delito y sus familias, en los que se incluyen protección de sus personas una vez alcanzada su liberación, así como apoyo para cambios de residencia temporales o permanentes Al momento, el Congreso tiene una tarea pendiente de elaborar en materia de secuestro, como parte del marco jurídico con el que el Estado hará frente al crimen organizado y la inseguridad pública.

En ese sentido, el diputado Pérez Cuevas presentó una iniciativa de Ley General del Secuestro, de 47 artículos, en la que se establece la prisión vitalicia a secuestradores que incurran en agravantes como el asesinar a sus víctimas o mutilar sus cuerpos.

También serían castigados los secuestradores con prisión el resto de su vida, en casos en que su víctima fuera menor de 18 años, incapaz de comprender el significado del hecho, o ser mayor de 60 años.

El mismo castigo de la prisión vitalicia se aplicaría a quienes incurran en el delito del secuestro y sean o se hagan pasar como policías, militares, responsables de la administración y procuración de justicia.

Carlos Alberto Pérez Salas dijo que en la actualidad el delito del secuestro "pone en riesgo la seguridad interior, además de que afecta la paz y la seguridad social".

El combate a este fenómeno debe incluir recompensas, para que la sociedad sume su participación.

Señala el legislador en su iniciativa que la Ley General de Secuestro que propone engloba en un solo ordenamiento "las herramientas adecuadas para erradicar los altos índices de este delito", toda vez que comprende normas de prevención, investigación, persecución, y determina las conductas típicas y las sanciones que deban aplicarse.

A las víctimas y sus familias se les otorgaría asistencia y protección, durante el secuestro y de manera posterior, como lo prevé el legislador Pérez Salas: El Estado deberá brindar orientación jurídica y penal a las víctimas y sus familias; asistencia médica y sicológica, en su lengua o idioma.

Deberá brindar protección, seguridad y salvaguarda de su integridad ante amenazas o agresiones de acusados de ser secuestradores o de quienes estén ligados a ellos.

Para ello, las autoridades asignarán personal de seguridad para la protección de ex secuestrados y sus familiares; darán vigilancia permanente de su domicilio o lugar de trabajo.

En su caso, deberán brindar apoyo para cambios de residencia temporales o permanentes, y deberán resguardar su identidad, con la finalidad de que sus datos personales no sean divulgados.

Será la primera ocasión, en que la Cámara de Diputados considere que el Estado corra a cargo con costos de ayuda a las víctimas.

Desde diciembre pasado, el Congreso tiene la facultad de legislar en materia de secuestro y la Constitución establece que en dicho ordenamiento se deberán establecer los tipos penales y sanciones, la distribución de competencias, y las formas de coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Con esta iniciativa, el PAN establece su criterio de castigo máximo de cárcel permanente al culpable de secuestro, en oposición a la propuesta de pena de muerte a secuestradores.

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