Washington, 2 nov (EFE).- El presidente del Senado boliviano, Óscar Ortiz, y los senadores Luis Vásquez y Roger Pinto, denunciaron hoy el "atropello" que se produce en su país a los poderes legislativo y judicial, así como violaciones a los derechos humanos.

En el marco del 137 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los congresistas y el ex presidente del Tribunal Constitucional Willman Durán presentaron un informe que detalla las violaciones al sistema democrático boliviano y a los DD.HH. que se registran bajo el Gobierno de Evo Morales.

El presidente de la cámara alta denunció los cercos al Congreso Nacional que se produjeron en cinco ocasiones desde 2006 en las que el Ejecutivo no contaba con la mayoría suficiente para aprobar por los dos tercios las reformas que pretendía impulsar.

En aquellas ocasiones, el Gobierno de Evo Morales "impidió con la fuerza y la violencia de sus simpatizantes el ingreso de los opositores y así aprobaron distintas leyes", señaló.

Por otra parte, denunció "la persecución" contra miembros del Tribunal Constitucional.

Eso produjo una renuncia "forzada" de sus miembros, dijo Ortiz, quien agregó que la persecución y la política del Gobierno hacia el Alto Tribunal se refleja en el hecho de que "Bolivia ya no tiene un Tribunal Constitucional en funciones por esta circunstancia.

Ortiz también puso de ejemplo la destitución "ilegal" del Contralor de la República, a quien Morales sustituyó por un diputado oficialista, una facultad que no tenía el mandatario, aseguró.

El informe también detalla 74 muertes producidas en el "conflicto político" de Bolivia, atentados y agresiones contra miembros del Congreso y persecuciones indebidas de parlamentarios.

El congresista Ortiz también hizo referencia a detenciones indebidas, dado que alrededor de diez presos políticos llevan más de un año presos sin que se les haya iniciado un proceso ante la Justicia, afirmó.

Expresó además su preocupación por las presuntas ejecuciones sumarias que se han realizado en enfrentamientos con fuerzas policiales, en los cuales se ha matado a personas sin que hubiera habido propiamente un motivo para ello, aseguró.

Ortiz indicó que la institucionalidad democrática en Bolivia "se ha quebrantado" y explicó a la prensa que ha acudido a la CIDH porque no existen ya las condiciones para que las violaciones a la democracia y a los derechos sean investigados de manera imparcial.

En su opinión, en Bolivia "se ha atropellado al Legislativo, al poder judicial, y se ha destituido inconstitucionalmente a autoridades electas por el Congreso y reemplazado por decreto del presidente".

El jefe del Senado boliviano señaló que la delegación teme "que se continúe profundizando la toma del poder judicial" en su país, y pidió a la CIDH que verifique sus denuncias en una visita e inicie incluso un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra Bolivia.

En una rueda de prensa posterior, el viceministro boliviano de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, insinuó que la delegación quiere sacar provecho de la denuncia ante las próximas elecciones de diciembre.

Ortiz es candidato a primer senador por el departamento de Santa Cruz (este) de la opositora Unidad Nacional (UN) y Pinto postula a un cargo similar pero por la región amazónica de Pando (norte) en representación de la alianza Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional (PPB-CN).

En opinión de Llorenti, se trata de un "intento de instrumentalización de la CIDH, de electoralización y de defender los intereses de latifundistas y separatistas".

Según Llorenti, en toda la historia de Bolivia no ha habido un Gobierno "tan abierto" a la presencia de organismos de derechos humanos, algo que evidenció en el hecho de que ha invitado a la Relatoría para la Libertad de Expresión al país.