París, 3 jul (EFE).- Los responsables de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE) se comprometieron hoy a avanzar "rápidamente" para lograr un acuerdo antes de fin de año que permita reducir hasta un 30 por ciento las emisiones de CO2 europeas en 2020.

Los ministros, reunidos en un consejo informal en las afueras de París, comenzaron a analizar en profundidad el paquete de acciones para luchar contra el cambio climático propuesto por la Comisión Europea.

Durante el encuentro, los gobiernos mostraron su ambición, y no sólo en cuanto al calendario, sino también sobre el contenido de la propuesta, y dieron por hecho que el recorte de emisiones que se pactará finalmente será del 30 por ciento respecto al nivel de 1990.

Según el compromiso que adoptaron el año pasado, los Veintisiete reducirán de forma unilateral sus emisiones un 20 por ciento en 2020 y ampliarán esa meta al 30% en caso de un acuerdo internacional post-Kioto, que hoy consideraron bastante probable por la evolución de las negociaciones y los planes de los dos candidatos a la Presidencia en Estados Unidos.

Jean-Louis Borloo, ministro de Ecología de Francia (país que ostenta este semestre la Presidencia de turno de la UE), explicó al término de la reunión que, pese a algunas diferencias, los países están en disposición de lograr un acuerdo.

Para ello, las negociaciones deberán superar la fractura entre los países más ricos de Europa Occidental y los del Este, con economías menos desarrolladas, que piden que se cambie el año de referencia a partir del cual de calculan los objetivos de reducción de emisiones en cada Estado.

Siete países, encabezados por Hungría, proponen que ese año sea 1990 en lugar de 2005, para que se reflejen sus menores emisiones en la época de desindustrialización que vivieron tras la caída de los regímenes comunistas y puedan afrontar un recorte menor de las emisiones.

Para el resto de Estados, la idea es inaceptable, pues supondría que la Comisión Europea tendría que volver a empezar todo el proceso de reparto de esfuerzos desde cero, aunque están dispuestos a ser "flexibles", aseguró Borloo.

Sí apoyan de forma unánime, tal y como defiende Bruselas, que una parte de los ingresos generados por la subasta de permisos para emitir -por los que tras un periodo de transición tendrán que pagar todas las industrias- se destine a los países del Este para apoyar la adaptación de sus economías.

Por su parte, España está dispuesta a aceptar la propuesta de la CE, que la obligaría a reducir sus emisiones de CO2 un 10 por ciento en 2020, siempre que se mantenga el "equilibrio" logrado en el reparto de esfuerzos y no se toquen las bases del texto, según explicó a Efe la secretaria de Estado española de Cambio Climático, Teresa Ribera.

Otro de los puntos en los que se centró el debate de hoy fue el de las medidas para evitar que las industrias con un uso más intensivo de energía, como la siderurgia, abandonen Europa cuando tengan que pagar por todos sus permisos para emitir y se instalen en países con unos requisitos medioambientales menos estrictos.

Por un lado, algunos gobiernos, encabezados por Francia, defienden la creación de un impuesto a la importación de productos procedentes de países que no tengan normas similares a las de la UE, una medida que otros Estados miembros, como Alemania, creen que podría provocar un problema comercial.

La otra opción sería la de dar cuotas de emisiones gratuitas, como ocurre hoy en día con todas las industrias, para los sectores de más consumo energético, a fin de que pudiesen hacer frente de esta forma a la competencia internacional.

Según fuentes de la Presidencia francesa, lo más probable es que la solución definitiva contemple las dos propuestas.

Sí están de acuerdo la mayoría de los países europeos en que es necesario que éstas medidas para evitar el traslado de las industrias se aceleren respecto al calendario previsto por Bruselas, que defendía esperar a 2010 para adoptarlas en caso de que no se lograse un acuerdo internacional post-Kioto.

Además, los ministros se comprometieron a avanzar en la línea de una propuesta presentada hoy por Suecia para que los países puedan contabilizar en sus esfuerzos de reducción inversiones para el recorte que hagan en otros Estados europeos con más margen. EFE