Fort Worth (Texas), 3 nov (EFE).- Tras casi 50 años de presencia en todo el país, las clínicas comunitarias se han convertido en pieza fundamental para ofrecer un servicio médico a quienes carecen de cobertura de salud, incluidos los indocumentados.

Convertida en ley en 1962 por el entonces presidente John F. Kennedy y ratificada cuatro años más tarde, la llamada Ley de Salud de Migrantes estableció, entre otras cosas, la creación de centros de salud dirigidos principalmente a trabajadores agrícolas.

Hoy en día existen en EEUU más de 7.500 clínicas que ofrecen servicios básicos de salud a un costo considerablemente bajo a unos dos millones de pacientes, según fuentes de la Asociación Nacional de Centros de Salud Comunitarios (NACHC, en inglés).

Además, según NACHC, las visitas de pacientes sin seguro médico en todo el país aumentaron más de un 20 por ciento del 2008 al 2009 y el 70 por ciento de los pacientes que acuden a las clínicas comunitarias en todo el país son considerados pobres.

Para Arcadio Viveros, especialista en gerencia en el campo de la salud, las clínicas comunitarias en Estados Unidos cumplen una función primordial y específica al ser una opción para los que menos recursos económicos tienen.

"El lema es 'no debe haber una barrera para tener acceso a servicios médicos por falta de dinero'. Allí radica el éxito de un servicio como el que presta una clínica comunitaria, pero al igual que cualquier otro servicio que va popularizándose, necesitan de más fondos para sobrevivir", sostuvo Viveros en entrevista con Efe.

Más de la mitad de los estados en EEUU han efectuado recortes presupuestarios para encarar el déficit y hacerle frente a una crisis económica que ha mantenido al país en la recesión.

Viveros desde hace pocos meses ocupa el cargo de gerente de la Clínica Comunitaria Albert Galván en Fort Worth (Texas), que recibió el año pasado cerca de 15.000 pacientes y este año se espera que superen los 18.000.

"Lo que está pasando en nuestra clínica y se refleja en todo el país es que más pacientes nos están tomando como referencia, ya sea porque la escala de cobros es baja, porque no tienen seguro médico y porque muchos de ellos no tienen documentación en regla", sostuvo Viveros.

La clínica Galván no pregunta por el estatus migratorio de sus pacientes, pero según Viveros, "no es difícil darse cuenta que son indocumentados" porque muchos no tienen una identificación estatal o presentan una matrícula consular de su país de origen.

Lo que quizás afecta más a la clínica donde trabaja Galván al momento de recibir fondos es que se encuentra dentro del condado Tarrant, el único en Texas que prohíbe a los pacientes indocumentados recibir tratamiento médico preventivo.

"Cuando van al hospital del condado y no pueden demostrar que son legales, ellos (el hospital) nos los mandan a nosotros. Eso dificulta nuestra supervivencia porque la idea es también atender a los que tienen seguro médico y así cobrar los honorarios correspondientes", explicó.

Viveros espera que tanto la reforma de salud que se va discutir en el Congreso así como las propuestas de reforma migratoria los incluyan y les otorguen fondos para seguir perteneciendo a la red de servicios básicos médicos.

La semana pasada, la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes presentó un plan de asistencia médica que incluye un seguro administrado por el gobierno y la cobertura a un 96 por ciento de los estadounidenses.

Dentro de ese proyecto de ley (HR 3962) se pretende otorgar fondos de cerca de 12.000 millones de dólares para las clínicas de salud comunitarias, pero según un comunicado de NACHC, "aún hay mucho camino por recorrer antes de aprobarse la medida".

En este momento, hay más de 47 millones de personas que no tienen cobertura de salud, ya sea porque sus empleadores no les ofrecen esos planes o porque no tienen empleo.

En Estados Unidos, unos 180 millones de personas obtienen seguro médico por medio de los empleadores, y los costos de estos programas han aumentado durante dos décadas más rápido que la inflación.

Otros 46 millones de personas, adultos mayores, están amparados por los programas Medicare y Medicaid, administrados por el gobierno que paga los servicios, tratamientos y medicamentos con tarifas controladas.