Naciones Unidas, 5 nov (EFE).- La Asamblea General de la ONU adoptó hoy una resolución que pide al secretario general, Ban Ki-moon, que transmita al Consejo de Seguridad el informe Goldstone, que acusa a Israel y Hamás de cometer crímenes de guerra en el conflicto en Gaza de principios de año.

La resolución auspiciada por los países árabes fue respaldada por 114 de los 192 países miembros de la ONU, rechazada por 18 (EE.UU., Alemania, Canadá, Polonia, Italia y Holanda, entre otros) y tuvo 44 abstenciones, entre las que se contaron mayoritariamente las de los países de la Unión Europea (UE).

"Es un firme respaldo a la lucha contra la impunidad y el respaldo al derecho internacional", aseguró a la salida de la reunión uno de los patrocinadores del texto, el embajador de Egipto ante la ONU, Maged Abdelaziz.

El diplomático restó importancia a que la resolución haya sido aprobada básicamente con el respaldo de los países del Movimiento de los No Alineados y sin el apoyo de prácticamente ningún país occidental.

La propuesta árabe insta a Ban a "transmitir" al Consejo de Seguridad el informe elaborado por un comité internacional encabezado por el ex juez sudafricano Richard Goldstone, en el que se acusa a Israel y al grupo radical islamista Hamás de cometer crímenes de guerra durante el conflicto en Gaza de diciembre y enero pasados.

También insta a Israel y "al bando palestino" que en tres meses inicien investigaciones "independientes y creíbles" de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario denunciadas por el comité Goldstone.

Asimismo, pide a Ban que informe en un plazo inferior a tres meses sobre los pasos dados para poner en práctica la resolución y recomienda al Gobierno suizo, como depositario de la Convención de Ginebra, que convoque una conferencia para analizar si el tratado es respetado en los territorios palestinos ocupados.

El secretario general ya expresó hoy a través de una portavoz su intención de cumplir con la petición que le transmita la Asamblea.

El resultado de la votación revela que la UE no convenció a los países árabes para que "equilibraran" el texto.

Los occidentales querían evitar que la resolución adoptada por la Asamblea pudiera ser considerada injusta para Israel y menospreciara la responsabilidad de Hamás en el conflicto.

El embajador israelí adjunto ante la ONU, Daniel Carmon, señaló que la resolución "se burla de la realidad que afrontan democracias como Israel enfrentadas al terrorismo".

Carmon se preguntó si la investigación en el lado palestino sería llevada a cabo por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que fue expulsada violentamente de Gaza por Hamás, o por los dirigentes del movimiento radical islámico involucrados en "actos terroristas".

Por su parte, el embajador adjunto de EE.UU., Alejandro Wolff, resaltó que el texto aprobado no menciona a Hamás por su nombre y consideró que el informe Goldstone es "profundamente deficiente", porque se centra en la actuación israelí sin tener en cuenta la naturaleza "asimétrica" de la lucha contra los grupos terroristas que se refugian entre la población civil.

Además, algunos países como Arabia Saudí advirtieron durante el debate de que la región no podrá alcanzar la paz, mientras Israel lleve a cabo "masacres y bombardeos indiscriminados del pueblo palestino".

"La paz que buscamos no se logrará mediante la imposición de castigo y condiciones en contra de un pueblo que padece una ocupación", aseguró el representante saudí Khalid AlNafisse.

Pese al éxito de la propuesta árabe en la Asamblea General, existen considerables dudas sobre la disposición de los integrantes del Consejo de Seguridad a incluir en su agenda el polémico informe encargado por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, que tiene sede en Ginebra.

Fuentes diplomáticas indicaron que hay una fuerte oposición entre los cinco miembros permanentes del máximo órgano (Rusia, China, EE.UU., Francia y Reino Unido) a sentar un precedente abordando un asunto de derechos humanos que es competencia del CDH.

El informe Goldstone analiza los 23 días de la ofensiva "Plomo Fundido", entre diciembre y enero pasados, que causó la muerte de unos 1.400 palestinos, en su mayoría civiles y más de una quinta parte de ellos menores, según recuentos hospitalarios locales y de ONG israelíes, palestinas e internacionales.

Sus autores recomiendan al Consejo a que inste a los dos bandos a investigar la actuación de sus fuerzas durante el conflicto, bajo la amenaza de trasladar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI).