La intención del gobierno porteño de mudar a los travestis del Rosedal a otro sitio del parque Tres de Febrero y formalizar la zona roja resulta una decisión tan controvertida como lejana de poder conformar a todos los actores involucrados. Mientras los trabajadores sexuales exigen un lugar "con condiciones dignas y seguras" para concretar su traslado, los sitios elegidos por el Estado local despiertan siempre una sostenida oposición ciudadana.

Esta vez, el pretexto de las autoridades porteñas para que se ejerza la prostitución en la plaza Florencio Sánchez, sostienen, es que se respeta la cláusula transitoria del artículo 81 del Código Contravencional, que dispone que la oferta ostensible de carácter sexual puede concretarse sólo a más de 200 metros de viviendas particulares, templos y colegios. Pero ¿estarán de acuerdo los vecinos en que sus impuestos se destinen a solventar baños químicos, cestos, luminarias y los consecuentes servicios públicos para instalar definitivamente una zona roja?

Macri pretende otorgar un "marco de legalidad" y cierto orden y control a una actividad que hoy parece estar fuera del alcance de la mirada policial y que es queja cotidiana de quienes transitan o viven en la ciudad. De hecho, la presencia de los travestis en el Rosedal ya no admite más demoras del Estado: casi mil preservativos por día recolectan las empresas de limpieza en ese lugar público de Palermo, utilizado durante el día, al igual que el resto del parque Tres de Febrero, como espacio de recreación de grandes y chicos.

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