No sólo se trata de la meteorología, de las sequías o de las inundaciones. En la Argentina, hay mal clima político, social, sindical y de negocios. Tampoco es producto de la crisis económica global, que afectó simultáneamente a países desarrollados y emergentes: Brasil, Chile y Uruguay están dejando atrás la recesión a mayor velocidad que la Argentina, y sus presidentes llegan a la fase final de sus mandatos,con índices de popularidad cercanos al 80%. Algo debe de ocurrir aquí, que no puede ser atribuible a los periodistas ni a los medios, según dicta la última moda kirchnerista.

Una primera y fundamental explicación está en el estilo K, basado en el factor sorpresa y los hechos consumados, sin consenso, en función de un mandato popular que no se ha reflejado en las últimas elecciones. Para quienes toman decisiones económicas, esta modalidad crea un clima de incertidumbre y desconfianza: todo lo que es válido hoy puede ser cambiado mañana, sin previo aviso. Es el camino más directo para desalentar inversiones a mediano y largo plazo, y condicionar el crecimiento de la economía, por más que en lo inmediato el mundo vuelva a ayudar a salir del pozo.

Esta concepción genera, además, un permanente clima de confrontación. Quien no está de acuerdo con todo lo que dicta el oficialismo pasa automáticamente al bando enemigo, sin escalas. Así resulta imposible negociar acuerdos, buscar consensos o prever el futuro. Según una lúcida caracterización de Enrique Szewach, en la Argentina no hay políticas de Estado que trasciendan a gobiernos de distinto signo, sino "políticas de estadio". O sea, la barra con más poder de movilización le impone sus condiciones (cánticos e insultos) a la del equipo contrario, hasta que la situación se invierte si se da vuelta el partido, y así sucesivamente. En estas condiciones, la política se asemeja más a una empresa de demolición que a una empresa de construcción.

Una analogía similar podría aplicarse a la situación sindical. Néstor y Cristina Kirchner han privilegiado y reforzado su alianza con la CGT, lo cual le ha permitido a Hugo Moyano concentrar más poder (hasta tal punto que aspira a ser candidato a gobernador bonaerense) y recursos (con el control directo de la APE, que maneja 1000 millones de pesos anuales sin rendir cuentas). Pero esta alianza provoca un clima de zozobra en las empresas, tengan o no flotas propias de camiones o utilitarios. Hoy son víctimas de este clima las empresas editoras de diarios y revistas, como antes lo fueron las cadenas de supermercados o las industrias con centros de distribución. Y ahora se suman las pymes, cuyos costos aumentarán luego del decreto que eleva las desactualizadas indemnizaciones por accidentes de trabajo, sin que tengan certeza de que evitarán posteriores juicios. El Gobierno laudó a favor de la CGT, después de haber sido incapaz durante tres años de articular un acuerdo con las entidades empresarias. Tampoco definió una política con respecto a las comisiones internas de delegados que desconocen la conducción de los gremios cegetistas. Los usuarios de subtes, que se convirtieron en recurrentes rehenes de una interna sindical, sienten la misma sensación que muchos empresarios.

En materia social, difícilmente se puedan diseñar políticas eficaces para atacar las causas y efectos de la pobreza, la indigencia y la exclusión, si las estadísticas oficiales impiden determinar la magnitud del problema. Paradójicamente, el Gobierno admitió lo que el Indec relativiza, cuando se apoderó de las iniciativas opositoras y lanzó, sin aviso ni debate, la asignación masiva para hijos de desocupados y trabajadores en negro. Ninguna declaración oficial hizo referencia a que la inflación de dos dígitos anuales (15% en 2009), tampoco reconocida por el Indec y que se ha hecho crónica en los últimos cuatro años, es el cebador de este drama. Aun así, el costo de esa medida puede ser mucho más transparente y menos discrecional que el de las cooperativas sociales de trabajo, ideadas por el kirchnerismo para dividir aguas políticas en el conurbano bonaerense y que han recalentado el clima social. El Gobierno no sólo acaba de transferir a este programa 600 millones de pesos, o sea, la misma cifra que demanda el fútbol "gratis" por TV, para el cual ahora busca compulsivamente auspiciantes privados. También acaba de dar a las organizaciones piqueteras no aliadas la señal de que es posible conseguir fondos y clientes políticos si ganan la calle o acampan en la avenida 9 de Julio. Un incentivo para futuros "piquetes de la escasez".

Paralelamente, el clima económico no mejora, pese al repunte de la actividad y la exportación en varios sectores industriales (autos, metalurgia) y a la estabilidad cambiaria y financiera, que, sin embargo, aún no se traduce en una mayor demanda de crédito.

Una razón podría encontrarse en la desconfianza que crea la permanente inestabilidad de las reglas: el Gobierno acaba de flexibilizar la ley de responsabilidad fiscal para oxigenar a las provincias; de aumentar fuertemente los impuestos a los productos electrónicos para beneficiar a las empresas fueguinas y de enviar al Congreso la prórroga por dos años de la ley de emergencia económica sin justificar por qué.

Además, existe una progresiva mutación del modelo económico. En su último ciclo mensual, el economista Miguel Angel Broda sostuvo que el modelo K de superávits gemelos ha ido virando en dos direcciones. Por un lado, hacia una expansión al máximo del gasto público a fin de impulsar la demanda, la actividad, el empleo y la caja fiscal con fines políticos, aunque sin caer en default, para lo cual busca colocar deuda en los mercados. Por otro, hacia un mayor intervencionismo (con regulaciones, controles, subsidios, compensaciones, prohibiciones para exportar o importar, etcétera), en aquellos mercados donde los resultados del juego de la oferta y la demanda disgusten al Gobierno. Esta última estrategia apunta no sólo a redistribuir ingresos discrecionalmente, sino también a mantener a raya al IPC, pese a la política fiscal expansiva y, a sustituir cada peso menos de inversión privada por un peso más de inversión pública. Según Broda, el nuevo cuadro se completaría con una política cambiaria y monetaria algo más restrictiva en el margen, para mantener contenidas la salida de capitales y la inflación.

El problema de este escenario es que los incentivos económicos no compensan a los desincentivos políticos. Aunque el PBI rebote en 2010, el pronóstico de climas complicados sigue vigente en la economía real. Incluso, sin considerar la acumulación de problemas de arrastre que pueden transformarla en un campo minado después de 2011.

nscibona@speedy.com.ar

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