(BNamericas.com) - La reciente medida anunciada por el Gobierno de Venezuela para no entregar permisos ambientales a proyectos mineros apunta "de alguna manera a asegurase el control de la minería de una manera más directa", dijo a BNamericas la abogada Marianna Almeida.

Según Almeida, quien es especialista en temas mineros y socia de la firma colombo-venezolana de consultores Incolven, el Estado ya no busca solamente ser el ente controlador de la minería sino que quiere ser el operador. "Creo que está dando los pasos para llegar a eso", dijo.

En abril el Ministerio de Ambiente de Venezuela (MinAmb) negó a Crystallex International (TSX, AMEX: KRY) un permiso para recursos naturales necesario para llevar a cabo sus faenas de exploración en el proyecto aurífero Las Cristinas, adyacente a Las Cristinas, y revirtió un permiso al proyecto Las Brisas, de la minera estadounidense Gold Reserve (TSX, AMEX: GRZ).

El ministerio además confirmó que no otorgará más permisos para la explotación de oro, diamantes y carbón a cielo abierto en la zona de reserva forestal Imataca. Tras el anuncio las acciones de Crystallex cayeron un 16% el jueves 15 de mayo, mientras que al medio día del viernes la baja era de otro 6%.

Un analista del sector local que solicitó mantener su identidad en reserva coincidió con Almeida al indicar que con estos anuncios se cumple el denominado socialismo del siglo XXI, que significa: "Quítate tú para ponerme yo. Y si no te quitas, te saco", dijo.

Según el analista, el presidente venezolano, Hugo Chávez, no cree en empresas privadas, ni en transnacionales, y lo que quiere es tener el control total del sector. "Y ahora los chinos le prestaron US$4.500mn para que asuma el control de empresas como [la mexicana de cementos] Cemex y [la siderúrgica] Sidor, y le piensa quitar las áreas a todas las trasnacionales", agregó.

Sin embargo, otras fuentes del sector consultadas por BNamericas estiman que la decisión del MinAmb, "surgió de manera independiente de ese despacho y no responde a un plan del gobierno de quedarse con las minas ni con los proyectos".

"Chávez no ha señalado la política general que llevará para el sector minero. Si fuera un tema de gobierno los anuncios de los permisos los haría él", dijo uno de los consultados. "Como la ministra [de Ambiente] no tiene ningún lineamiento, hace lo que quiere y las consecuencias son nefastas".

EXPECTATIVAS

Según Almeida, con esta situación el futuro de la minería en Venezuela se ve incierto. Dado el momento tan importante y fructífero para los demás países mineros, Venezuela no va a sacar ventaja ni va a aprovechar esta oportunidad en lo más mínimo, dijo.

"En ningún otro momento se han visto los precios de los minerales como se han visto ahora, y en ningún otro momento se ha visto la oportunidad de abrirse al desarrollo de la minería de una manera ambiental y ordenada como se puede ver ahora", agregó.

Para otra de las fuentes, el panorama para el sector "es muy gris". "Por el momento no se podrán desarrollar los proyectos, porque no tienen permisos y porque no van a poder levantar dinero", dijo.

La política del gobierno está centrada en otros temas diferentes de la minería, "porque anda preocupado de ir a la guerra con Colombia o por las elecciones regionales", agregó el entrevistado.

"De hecho, todas estas nacionalizaciones no responden a una política macro del gobierno sino a un afán electoral para estar bien con los trabajadores y dio al sindicato de Sidor el contrato colectivo más caro del mundo", puntualizó.

El 12 de mayo, Crystallex informó que impugnó la decisión del MinAmb y el director general de la oficina de permisos del ministerio tiene un plazo de 15 días hábiles a partir de esa fecha para emitir una respuesta formal.

Si no responde, Crystallex tiene el derecho de apelar directamente al ministro de Ambiente, que tendrá entonces 90 días para emitir una conclusión, según la empresa.

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