San José, 8 may (EFE).- Los representantes de las víctimas y y la parte acusadora pidieron hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una condena contra Venezuela por, entre otras cosas, obstaculizar la libertad de expresión de los periodistas del canal Globovisión, mientras el Estado negó todos los cargos.

En el segundo y último día de audiencias, celebrado en la sede de la Corte en San José de Costa Rica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, parte acusadora) afirmó que en Venezuela existe un "clima de agresión contra periodistas".

Sergio Pinheiro, representante de la CIDH, aseguró que en el juicio se demostró que se han presentado "ataques verbales del altos funcionarios con invitaciones al pueblo a defender la revolución de los enemigos", en alusión a medios de comunicación.

Comentó que estas declaraciones tienen como fin "censurar investigaciones periodísticas" y provocar la "autocensura que obstaculiza la democracia y el debate público".

Aseguró que son "públicas y notorias" las agresiones de las que han sido víctimas los comunicadores de Globovisión a causa de esos discursos y además que el Gobierno tenía conocimiento de ellas, sin que haya dispuesto investigaciones para castigar a los culpables.

La CIDH pidió, entre otras cosas, que la Corte condene a Venezuela y le ordene establecer medidas para garantizar la libertad de expresión, el acceso a fuentes oficiales y el derecho a la información en ese país.

Por su lado, los representantes de los 44 trabajadores y directivos de Globovisión que componen la demanda contra Venezuela acusaron al Gobierno, incluido el presidente Hugo Chávez, de provocar esa violencia por medio de calificativos a periodistas como "enemigos de la revolución", "enemigos del pueblo" y "lacayos del imperio".

Según los abogados, esta "persecución" fue motivada por "la línea crítica e independiente" del canal de televisión y afirmaron que la intención del Gobierno es "silenciar" a estos medios de comunicación.

Agregaron que periodistas, entre ellos 12 mujeres, y camarógrafos han sido víctimas de ataques verbales y físicos en diferentes actividades públicas, tanto por autoridades de seguridad y funcionarios de Gobierno, como por simpatizantes del oficialismo.

Además, las instalaciones del canal han sido blanco de granadas y bombas lacrimógenas.

Los delitos que se le imputan a Venezuela son violar los derechos a la integridad personal de las víctimas, a las garantías judiciales, libertad de expresión y el de la propiedad.

Los abogados pidieron a la Corte ordenar que cesen los actos que obstaculizan la libertad de expresión y el derecho a la información, que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas para castigar a los agresores, que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad y se anuncien indemnizaciones para las víctimas.

Por su lado, el agente del Estado, Germán Saltrón, negó todos los cargos e incluso adujo que la CIDH y dos jueces de la Corte no son imparciales.

También dijo que los trabajadores de Globovisión no agotaron los recursos de la justicia en Venezuela, y afirmó que la "verdadera intención" de esta demanda es desestabilizar al Gobierno y coartarle la libertad de expresión al presidente Hugo Chávez.

Saltrón aseguró que el Estado "adoptó todas las medidas preventivas que estuvieron a su alcance" para proteger a los periodistas y enmarcó los hechos en una época "complicada" de polarización y en tumultos difíciles de controlar.

Además, aseguró que en muchas casos los trabajadores del canal de televisión no fueron capaces de reconocer agresores y sostuvo que las 35 denuncias interpuestas ante las autoridades son "un porcentaje insignificante" en comparación con las 2.735 manifestaciones que se efectuaron entre los años 2001 y 2005.

Las partes tienen hasta el próximo 9 de junio para presentar sus alegatos finales por escrito y luego la Corte estudiará la posibilidad de dictar sentencia en los próximos meses. EFE