México, 12 may (EFE).- El Ejército Popular Revolucionario mexicano (EPR) recalcó hoy que no atentará contra intereses públicos, mientras duren las negociaciones con el Gobierno a través de una comisión de mediadores sociales designada, pendientes de concretarse.

"Mantenemos nuestro compromiso y palabra empeñada (...) que mientras dure su intermediación por la búsqueda de nuestros compañeros detenidos-desaparecidos (sic) no realizaremos acciones de autodefensa", manifestó la guerrilla en un comunicado.

Sin embargo, el grupo armado amenazó ofrecer "una justa respuesta" a cualquier agresión, en respuesta a la afirmación del Ejecutivo de que seguirá investigando para dar con el paradero de los "eperristas" autores de atentados con explosivos contra la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2007.

Aquellas acciones subversivas, realizadas en los meses de junio y septiembre, en el centro y el occidente del país, no dejaron daños personales, pero sí millonarias pérdidas económicas.

Los insurgentes demandan la aparición de sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de 2007, de la que acusan al Gobierno federal y a las autoridades estatales.

El comunicado del EPR, de cuatro páginas, reiteró hoy que el papel de los "notables mexicanos" designados para mediar no debe ser sólo el de "mudos testigos presenciales".

La comisión está integrada por el obispo emérito de Chiapas (sureste de México) Samuel Ruiz, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el escritor Carlos Montemayor, el antropólogo Gilberto López Rivas y la senadora izquierdista Rosario Ibarra, además de Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández Monge.

"No estamos pidiendo negociación alguna producto de la debilidad o acorralamiento político, o porque sentimos 'pasos en la azotea' ante el gran despliegue policiaco militar", señaló el documento.

El EPR descalificó la primera oferta de diálogo que le hizo el Gobierno del presidente Felipe Calderón, en la que se planteaban conversaciones directas y se proponía que los mediadores fueran únicamente "testigos sociales".

Tras ello, el Ejecutivo aceptó la creación formal de una comisión de mediación, aunque mantuvo su petición de que el diálogo no se limitara al asunto de los dos militantes desaparecidos sino también a otros temas, como la pacificación del conflicto.

En el comunicado, la organización rebelde afirmó que el "Gobierno responde con amenazas, descalificaciones y estigmas" y tacha al Secretario de Gobernación (ministro del Interior), Juan Camilo Mouriño, de "empresario arribista que ha acaudalado fortuna por medio del tráfico de influencias".

"La única paz que se ofrece es la de los sepulcros", se afirmó en la nota sobre la actitud del Ejecutivo mexicano. EFE