Quito, 12 may (EFE).- La Unión Europea (UE) espera que la Asamblea Constituyente de Ecuador redacte una nueva Carta Magna "inclusiva" y que garantice la "seguridad jurídica" en el país, dijo hoy en Quito la comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero.

Antes de reunirse hoy en Quito con el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, Ferrero dijo a un reducido grupo de periodistas que Ecuador está en "un proceso de reforma crucial" y que el deseo de la UE es que la Constitución que se redacta tenga "un marco institucional que favorezca la democracia y el estado de derecho".

Para Ferrero, que es la primera vez que visita Quito como comisaria europea, Ecuador "podría ser la Suiza de América Latina" y recibir fuertes inversiones del exterior si ofrece las garantías jurídicas que reclaman los inversionistas extranjeros.

Tras el fin de la Constituyente, que debe acabar de redactar la nueva Carta Magna antes de finales de julio, Ferrero indicó que la UE estudia el envío de una misión de observación electoral, que podría acudir a Ecuador para el referéndum de ratificación del texto y, sobre todo, para las elecciones posteriores.

La visita de Ferrero se produce en vísperas de la Cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y El Caribe, que tendrá lugar en Lima esta misma semana, en la que se tratarán los procesos de asociación entre los 27 socios europeos y distintos países y bloques del continente americano.

Sobre las conversaciones del Acuerdo de Asociación UE-Comunidad Andina (CAN), Ferrero reiteró el deseo de finalizar la negociación para octubre de 2009 y recalcó la decisión europea de que "la negociación sea de región a región", pese a la intención expresada por Colombia y Perú de acelerar individualmente los acuerdos.

Reconoció Ferrero que "una cierta flexibilidad tiene que haber" a la hora de negociar con Ecuador y Bolivia, que han planteado "asimetrías" dentro del bloque andino, pero insistió en que la UE negociará en conjunto con el grupo.

Para ella, la negociación en bloque obligará a los países de la CAN a adoptar medidas de integración internas, que serán beneficiosas para el conjunto, como sucedió en la Unión Europea, donde la propia integración de 27 países supuso un cinco por ciento de aumento en el Producto Interno Bruto (PIB).

Para la comisaria europea es importante la "voluntad política" expresada por los gobiernos de la CAN de llegar al Acuerdo de Asociación con la UE que, insistió, no es un mero compromiso comercial, sino que tiene una vertiente política y otra de cooperación.

El factor político, en opinión de Ferrero, puede actuar como "pegamento" para facilitar el resto de facetas del Acuerdo.

Sólo con Ecuador la UE tiene una cooperación de 137 millones de euros (unos 220 millones de dólares) al año, de los que el 54 por ciento está destinado a educación y el resto a favorecer la economía sostenible y en concreto proyectos de pequeñas y medianas empresas (PYMES).

En Lima, dentro de la cooperación, además de proyectos de cohesión social, lucha contra la pobreza y defensa medioambiental, la UE planteará a América Latina, dijo Ferrero, un plan de lucha contra el cambio climático y de seguridad energética.

Sobre el conflicto entre Ecuador y Colombia, tras el bombardeo colombiano del pasado 1 de marzo a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, Ferrero manifestó su deseo de que "sea transitorio" y se solucione a la mayor brevedad posible.

Para ella, la Organización de Estados Americanos (OEA) "está haciendo un buen trabajo" de mediación entre Quito y Bogotá para conseguir la reanudación de las relaciones diplomáticas, rotas desde el 3 de marzo pasado, y la UE está dispuesta a hacer las gestiones que se le pidan para "facilitar" ese objetivo.

Ferrero llegó ayer en una visita de tres días a Ecuador, donde se entrevistó con el presidente Rafael Correa, antes de su salida hacia España, y con la canciller ecuatoriana, María Isabel Salvador, además de con Alberto Acosta, presidente de la Constituyente, y varios altos cargos del Gobierno. EFE