Pocas veces como en los últimos días ha existido tanto consenso entre políticos y legisladores moderados, empresarios y economistas independientes, acerca de que el inesperado desempate de la votación en el Senado debería convertirse en una oportunidad imperdible para el gobierno de Cristina Kirchner, aun en medio de un terremoto político. El interrogante es si habrá de aprovecharla o desperdiciarla.

De las opciones posibles, el rechazo de la ley de retenciones móviles permite cerrar el conflicto con el campo y oxigenar las expectativas económicas, severamente deterioradas en estos cuatro meses. La ratificación legislativa, en cambio, hubiera empeorado el cuadro. Una tercera variante -buscar acuerdos alrededor de un proyecto alternativo que podía tener consenso, como el que elaboró, por ejemplo, Reutemann- fue desechada por el oficialismo sin consideraciones técnicas ni económicas.

El voto de Julio Cobos fue entonces un servicio al país, que sólo puede verse como una irresponsabilidad desde la óptica del ultraverticalismo kirchnerista. No obstante, puso en jaque a Néstor Kirchner y a su agresivo discurso de confrontación ideológica invocando fantasmas inexistentes. Marcó el límite a un estilo de gobierno en el cual no coincidir al 100% equivale a transformarse automáticamente en enemigo, o bien en un traidor ex aliado, como si todo disenso, incluso parcial o superador, estuviera prohibido. También a la táctica K de redoblar permanentemente las apuestas, que por primera vez mostró que se puede perder mucho más de lo que está en juego. Cobos, además, dejó en estado de shock al gobierno de CFK y puso al descubierto que no tenía un plan B para este nuevo escenario político, impensable hasta hace pocos meses. La mejor prueba de esto fue el texto del decreto que se conoció el viernes para dejar sin efecto la resolución 125, cuyos considerandos están claramente divorciados de su parte resolutiva. Otra vez el kirchnerismo volvió a su hábito de presentar un retroceso como una contraofensiva y a mostrarse ajeno a cualquier autocrítica.

Si bien este tipo de actitudes no ayuda a mejorar la confianza, el gobierno kirchnerista podría salir del jaque en que quedó encerrado, aunque hoy no disponga de demasiadas movidas. Su dilema es replantear el juego o insistir en la estrategia que lo llevó a encerrarse sobre sí mismo. Diplomáticos latinoamericanos, perplejos con la actual situación argentina, sugieren que podría seguir el ejemplo de Lula cuando tiempo atrás afrontó dos reveses políticos equivalentes. En un caso, al sufrir una fuerte pérdida de capital político por el desplazamiento de un ministro clave acusado de corrupción, el presidente brasileño decidió rearmar su gabinete e incorporar a figuras prestigiosas que convirtió en aliados. En otro, cuando el Congreso rechazó un aumento del impuesto al cheque, crucial en la estructura tributaria, desdramatizó el traspié, convocó a su ministro de Hacienda y le ordenó ajustar gastos a la menor disponibilidad de ingresos. Hoy está en la cima de su popularidad. Puertas adentro, hay empresarios locales que fantasean con que el camino ideal para Cristina sería rebobinar la película: volver al diagnóstico de fortalecimiento institucional y reinserción internacional del 10 de diciembre, disponer un cambio no cosmético de gabinete, desprenderse de funcionarios y aliados impresentables, retomar la agenda de problemas económicos sin resolver y buscar consensos para una nueva política agropecuaria. Seguramente pecan de exceso de optimismo. A estas alturas resulta difícil divorciar el hiperprotagonismo de Néstor Kirchner de la gestión de Cristina. El ex presidente no se dedicó a los cafés literarios, sino a actuar como virtual superministro, además de ser el presidente del Partido Justicialista. De ahí que el almanaque no pueda volver atrás, y menos cuando cambian abruptamente las circunstancias políticas. Cada vez son más los dirigentes del PJ dispuestos a pasarle facturas.

Un problema en este sentido es la lectura que el kirchnerismo hace de la realidad. Según su visión, reconocer errores y problemas equivale a ceder espacios de poder y abrir la puerta a los reclamos de quienes lo cuestionan. Otro son sus antecedentes: nunca gobernó de otra manera, con todas las decisiones concentradas en un círculo mínimo de hombres de confianza. Esta rigidez para abrir el juego conspira contra la movida obligada para salir del jaque y revertir expectativas que cuentan con más consenso fuera del oficialismo. De hecho, obligaría al Gobierno a sincerar problemas, corregir políticas, cambiar figuras y estilos, asumir costos políticos y atenuarlos con medidas compensatorias. La oportunidad está dada para despabilar a la economía. La desactivación de las retenciones móviles contribuirá a incrementar la oferta de divisas por exportaciones, recuperar los ingresos fiscales y restablecer la cadena de pagos en el interior. Probablemente, el Gobierno intente recuperar la iniciativa con los aumentos del salario mínimo y de asignaciones familiares, junto con una suba del piso de Ganancias para aumentar los sueldos y tratar de no reabrir las paritarias. También podría convocar ahora al Acuerdo del Bicentenario, para darle un horizonte de más largo plazo a su gestión. Sin embargo, para restablecer realmente la confianza, este escenario tiene una contrapartida menos simpática: requeriría retomar la agenda de problemas abandonada en marzo y reparar los daños surgidos durante el conflicto. En otras palabras, el Gobierno debería dejar de negar la inflación y encarar una política articulada para bajarla. Esta prioridad obligaría a normalizar el Indec y elaborar un índice de precios creíble, que sería indispensable para reanudar la negociación con el Club de París sin que el FMI sea un escollo. También debería desacelerar el aumento del gasto público. Todo un problema frente a la desactualización de jubilaciones y sueldos estatales, al que ahora habrá que agregar los gastos de Aerolíneas. Y mucho más cuando la política de subsidios indiscriminados a la energía y el transporte no tiene techo. Hasta Cammesa y Enarsa tienen dificultades de caja para llevarla adelante, con importaciones carísimas de combustibles. La única forma de racionalizar este gasto sería un ajuste selectivo de tarifas. ¿Kirchner, De Vido, Moreno o Jaime, comulgarían con este diagnóstico?

A esta agenda, el economista Jorge Todesca agrega otra incógnita: ¿podrá el Gobierno lograr a fin de año del Congreso otra prórroga de la ley de emergencia económica o sancionar el presupuesto 2009 con superpoderes, ahora que no es segura la mayoría en los bloques oficialistas?

Lo único seguro es que estos problemas ya existen y será más difícil seguir barriéndolos debajo de la alfombra sin que afecten las decisiones de inversión o comprometan el crecimiento a futuro. El camino no es nada fácil. Sin embargo, el Gobierno tiene tres años y medio por delante para remontar la cuesta.

nscibona@speedy.com.ar

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