BUENOS AIRES (AFP) - Millares de productores rurales argentinos en rebelión fiscal se aprestan a volver a las rutas el próximo fin de semana en son de protesta, tras la decisión de sus dirigentes de dar por terminada una tregua de 30 días con el gobierno aunque sin clausurar las negociaciones.

"La tregua ha terminado. Vamos a llevar a la Mesa de Enlace (de las organizaciones del sector) la posición de continuar movilizados", dijo este jueves Mario Llambías, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en nombre de unos 100.000 productores medianos, en su mayoría ganaderos.

El fin de la tregua, al cabo de 30 días de negociaciones que sin embargo continúan, no implica por el momento la reanudación de los bloqueos de caminos que caracterizaron los 21 días de huelga del mes pasado y que causaron serios problemas de abastecimiento.

"Vamos a hacer presencia en las rutas, en las ciudades, en los municipios. Adonde había piquetes se volverá con panfletos y gente aclarando cuánto vale un litro de leche y cuánto lo paga el consumidor", adelantó Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), que representa a 100.000 pequeños agricultores y granjeros.

La nueva modalidad de la huelga fue confirmada por Alfredo de Angeli, dirigente de la FAA de la provincia de Entre Ríos, al revelar que "se puede decidir en las asambleas que no se compren ni se vendan productos ni maquinarias".

"Nos quedaremos en los costados de las rutas, repartiendo volantes (octavillas) y explicando nuestra posición", dijo De Angeli, el más popular entre los líderes de la protesta, que involucra a unos 250.000 productores.

La nueva etapa del conflicto también fue anticipada por Luciano Miguens, titular de la dialoguista Sociedad Rural, que nuclea a los 10.000 mayores productores agroganaderos.

"El campo puede volver a las rutas. El malestar se va a seguir expresando, pero quizás no continúen los cortes. Habrá asambleas y reuniones", dijo Miguens en conferencia de prensa.

La tregua con el gobierno, que formalmente vence este viernes, posibilitó duras negociaciones en las que sólo se logró avanzar sobre las congeladas exportaciones de trigo y carne, tras maratónicas reuniones seguidas paso a paso por la presidenta Cristina Kirchner.

El eje de la disputa es quién se quedará con la parte del león de la fabulosa renta que genera la soja, el principal producto exportable del país sudamericano, de fuerte economía agrícola.

El valor de la cosecha de la oleaginosa está calculado en 2008 en unos 24.000 millones de dólares, de los cuales el Gobierno espera recaudar unos 11.000 millones de dólares en impuestos.

Pero los agricultores están en pie de guerra con la mayor presión fiscal y reclaman que se derogue el programa de retenciones (impuestos) móviles, según el cual la tasa tributaria fluctúa en forma directamente proporcional a los aumentos y descensos de los precios internacionales.

El plan fue considerado confiscatorio por los productores, pero el Gobierno dijo que no está dispuesto a ceder en las retenciones móviles porque, combinado con subsidios a las unidades pequeñas o de zonas marginales, lo considera el sistema más justo para redistribuir la riqueza.

En contra de las posiciones conciliadoras con el campo se ha manifestado el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), quien acaba de atizar el conflicto al reclamar a los agricultores que no se atrevan a provocar de nuevo un desabastecimiento masivo en las grandes ciudades.

Los productores bloquearon el mes pasado durante 21 días unas 400 rutas estratégicas que vinculan las grandes ciudades argentinas con los centros de producción agroindustrial.

La huelga fue declarada en marzo contra el aumento de los impuestos a las exportaciones de soja y girasol, aunque también se acentuaron las demandas para subsidiar a los productores de carne, leche y cereales.

Los agricultores sitiaron de hecho las ciudades más grandes de la región central con masivas asambleas en las carreteras de la zona, denominada la Pampa Húmeda.

El Gobierno está empeñado en evitar que sigan aumentando los precios de los alimentos, en momentos en que la inflación real, según las consultoras privadas, se ubica en torno al 25% anual.

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