BUENOS AIRES (AFP) - Millares de productores agropecuarios en rebelión fiscal y la oposición argentina encontraron en la agricultura el talón de Aquiles del Gobierno peronista, intentando construir una alternativa política al calor de una protesta que se extiende como reguero de pólvora.

Las cuatro entidades líderes del campo acaban de prolongar otra semana la huelga que bloquea el ingreso de granos al puerto de embarque de exportaciones en Rosario, a 300 Km al norte, pese a que la presidenta Cristina Kirchner las había exhortado a volver a una mesa de diálogo.

"Marchamos hacia un gran acto en la ciudad de Rosario el 25 de mayo por la recuperación de un país federal y una nueva política agropecuaria", dijo Eduardo Buzzi, uno de los líderes de la mayor huelga agraria de la historia del país.

La decisión de los jefes agropecuarios fue empujada por millares de productores que se movilizan cada día con banderas en sus tractores y camionetas por centenares de pueblos y ciudades, pero también por las fuerzas políticas de la oposición radical socialdemócrata, socialista y liberal.

Elisa Carrió, ex candidata liberal cristiana a presidenta derrotada por Kirchner en las elecciones de octubre pasado, es una de las convocantes al acto del 25 de mayo, cuando el país celebra el primer gobierno patriótico de 1810, sin injerencia de la corona española.

"La actual confrontación política pasa por decidir qué modelo de país gobernar", dijo el sociólogo Nicolás Casullo, profesor de la estatal Universidad de Buenos Aires (UBA), al clarificar que la lucha por la millonaria ganancia de la soja, principal producto exportable, se politizó sin retorno.

Casullo dijo que el conflicto intenta definir "si el modelo será un capitalismo reformista, con un poder político fuerte, o será el que imponga el 'establishment' o poder económico concentrado".

Las exportaciones de materias primas y agroindustriales, que representan el 61% del total, están controladas por cinco firmas gigantes, en tanto que sólo 2.000 de los 71.000 sojeros producen el 80% de la leguminosa.

Otro fuerte respaldo al reclamo del campo lo expresó Hermes Binner, presidenciable socialista y gobernador de Santa Fe (centro-este), el cuarto distrito del país por cantidad de habitantes y potencia agrícola interna.

La puja original estalló en marzo sobre cuál iba a ser la tajada del Gobierno y cuál la del campo sobre la renta de 24.000 millones de dólares que genera la soja.

El Gobierno intenta aplicar retenciones móviles, con una tasa impositiva flotante, en línea con los precios internacionales, y recaudar 11.000 millones de dólares de la soja, lo que fue considerado confiscatorio por el agro.

"Queremos exportación de trigo y carnes. Sin embargo, el único tema que destraba el problema son las retenciones (impuestos a las exportaciones) de la soja", admitió Buzzi.

Pero la evolución de los precios hizo que la confrontación se limite ahora a sólo tres o cuatro puntos de alza en el impuesto, sin justificar semejante crisis, según consultores económicos que pusieron esta semana paños fríos en una plaza financiera donde la gente se lanzó nuevamente a comprar dólares.

"Esto es una disputa política donde se juega quién va a ejercer la autoridad sobre cómo llevar adelante un plan económico", analizó Claudio Katz, profesor de Economía en la UBA, la mayor del país.

Katz dijo que "todos saben que no hay 'corralito' (bloqueo bancario) y que hay 50.000 millones de dólares en el Banco Central. Pero si esto continúa no sé que puede pasar".

Consultoras económicas señalan que la rebelión agraria se convirtió ahora en una disputa por una diferencia de unos 1.000 millones de dólares.

Las posiciones se volvieron más intransigentes que nunca en las últimas horas y los analistas económicos admiten que el factor político puede provocar un freno paulatino en una economía que venía a toda marcha, con un crecimiento promedio de 9% anual.

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