QUITO (AP) - Unos 1.200 "correos del narcotráfico" celebraron el domingo el indulto que les concedió la Asamblea Constituyente por considerar que las penas de prisión que enfrentan son desproporcionadas al delito que cometieron, aunque algunos magistrados recibieron la medida con escepticismo.

"El presidente (Rafael Correa) cumplió su promesa y le agradecemos a él y a los asambleístas", dijo telefónicamente a la AP el reo Gean Carlo Aragundi, dirigente de una organización de prisioneros en un penal del centro de Quito.

El mandatario ecuatoriano solicitó en enero que la Asamblea Constituyente indultara a las denominadas "mulas del narcotráfico", petición que fue aceptada la noche del viernes con 76 votos favorables, ninguno en contra y nueve abstenciones y beneficia a unos 1.200 reos.

La Constituyente dispuso que "el indulto se otorgará a las personas que hayan transportado una cantidad menor o equivalente a 2 kilos de cualquier droga o sustancia; cuenten con sentencia condenatoria y hayan cumplido el 10% de la pena, con un mínimo de un año y que además no hayan sido reincidentes".

Aragundi argumentó que actualmente "el castigo que establece la ley (de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes) es desproporcionado con un delito muchas veces obligado".

Las sentencias por el delito de transportar drogas ilícitas oscilan entre ocho y 16 años de cárcel, según el código penal.

Explicó que en el país "no se castiga el delito sino la pobreza" pues "las grandes mafias involucran a personas necesitadas y carentes de empleo" en el tráfico de droga, pero "los magnates del narcotráfico siempre son absueltos en el proceso judicial".

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rodrigo Bucheli, consideró que "en la forma como se a hecho, (el indulto) mantiene un nivel de orden político".

Bucheli indicó en diálogo telefónico con AP que si la decisión de los asambleístas fuera "técnica y científica... se buscaría reformar el sistema normativo", dado que en el caso de la "mulas" no se configura el delito de narcotráfico.

Opinó que el perdón otorgado es solo una estrategia para "lograr el voto del sí" para el referendo en el que se deberá aprobar o negar la nueva constitución que prepara la Asamblea.

El Defensor Público Penal, Ernesto Pazmiño, mencionó a la AP que la medida "es una gracia del Estado ecuatoriano" por lo que espera que los beneficiados "aprovechen la oportunidad que se les está dando".

Explicó que abogados de esa dependencia estatal tramitarán desde el lunes las solicitudes de excarcelación para los favorecidos.

La resolución de la Asamblea estableció que las excarcelaciones se deben concretar en un plazo máximo de 30 días.

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