GLEED, Washington, EE.UU. (AP) - Algunos estados se resisten a apoyar una iniciativa del gobierno por la cual deben revisar los documentos de los trabajadores agrícolas temporales antes de ayudarlos a conseguir empleo, en una nueva manifestación de las tensiones que hay en torno al papel de los estados en el control de la inmigración ilegal.

La mayoría de los estados resiente el hecho de que el gobierno federal no dispuso fondos para esa iniciativa. Algunos se quejan de que no pueden trabajar con el sistema de verificación creado por el gobierno nacional. Y no faltan los que arguyen que la disposición es ilegal porque tiene en la mira a un cierto tipo de trabajadores.

Nadie habla de la que bien puede ser la principal preocupación de todos: si no se usa a los indocumentados, las cosechas podrían pudrirse en los campos.

Las organizaciones defensoras de los trabajadores del campo afirman que la medida del gobierno podría dejar sin trabajo a personas que están en el país legalmente. Los hacendados, por su parte, dicen que el agro y los empacadores de alimentos no deben ser los principales perjudicados por la campaña tendiente a controlar a los indocumentados.

"Ojalá pudiésemos encontrar una solución que no nos dejase en el medio", declaró Mike Stephens, propietario de MacKenzie Farms, un vivero al este de la cadena montañosa Cascade del estado de Washington.

Se calcula que aproximadamente un millón de personas trabajan en las cosechas en Estados Unidos y el 70% de ellas podrían estar en el país ilegalmente. En teoría, sus empleadores deben revisar su status legal antes de contratarlos y deben presentar un formulario I-9 al gobierno. Generalmente, cuando se comprueba que son indocumentados, ya se ha completado la cosecha y los trabajadores se han ido.

Nadie es multado ni arrestado, y las cosechas se recogen a tiempo.

Pero un endurecimiento de la campaña del gobierno para combatir a los indocumentados ha generado una escasez de trabajadores agrícolas en todo el país. Los hacendados temen se les impongan fuertes multas si contratan indocumentados y acuden con mayor frecuencia a un programa oficial de trabajadores temporales, a pesar de que lo consideran inefectivo.

Se encarga a agencias del estado ofrecer esos trabajos y recomendar empleados a los hacendados.

El gobierno federal recordó en noviembre a esas agencias que deben revisar los documentos de los trabajadores antes de enviarlos a las haciendas. Se trata solo de una recomendación, pero funcionarios del Departamento del Trabajo dicen que esperan que los estados cumplan con esa medida, presentando el formulario I-9 ellos mismos o confirmando el status migratorio mediante un sistema electrónico conocido como "e-verify".

Algunos estados rechazaron de inmediato la propuesta, diciendo que no tienen presupuesto, sus oficinas no dan abasto y no quieren exponerse a posibles demandas por discriminación.

"Los trabajadores agrícolas, especialmente los latinos, tendrán más problemas para conseguir trabajo que los demás", expresó Dolores Esser, directora de la Comisión de Empleo de Virginia, en una carta al Departamento de Trabajo.

En un primer momento, la iniciativa del Departamento abarcó únicamente a los trabajadores agrícolas. Pero en mayo extendió la medida e incluyó también a trabajadores de otras áreas, en campos que generalmente requieren emplear gente temporalmente.

Los estados también se quejan del sistema "e-verify" y dicen que no funciona.

Curt Eysing, del Departamento de Trabajo de Luisiana, sostiene que si uno respeta los lineamientos de ese sistema, puede violar una ley federal que estipula que no se puede usar el "e-verify" para corroborar el status legal de un potencial empleado.

Los hacendados estadounidenses contrataron solamente 77.000 trabajadores extranjeros mediante el programa de trabajadores temporales del gobierno el año pasado. Se espera que esa cifra aumente este año. Casi el 70% de los hacendados y empacadores que recurrieron a ese programa se encuentran en 12 estados.

Hacia fines de marzo, sólo cuatro de esos 12 estados --Texas, Montana, Kentucky y Tenesí-- se habían comprometido a cumplir con la recomendación del gobierno de verificar el status migratorio de los trabajadores, según un estudio de la AP. Kentucky y Tenesí lo hicieron a pesar de que no están de acuerdo con la norma.

Utah, Virginia y Luisiana aceptaron hacerlo posteriormente, los dos últimos porque el Departamento de Trabajo amenazó con suspender ciertas partidas de dinero para sus agencias.

"Analizamos el asunto y llegamos a la conclusión de que el peligro de quedarnos sin fondos es mayor que el riesgo de posibles demandas por cumplir con este requisito", manifestó Coleman Walsh, juez de la Comisión de Empleo de Virginia.

Carolina del Norte, Nueva York y Colorado pidieron a sus procuradores que estudien el tema y todavía no se han pronunciado. Las autoridades de California, por su parte, dicen que le piden a los trabajadores sus papeles y los revisan, aunque sin confirmar si son válidos. Afirman que con esto satisfacen el requisito de verificar el status legal de los trabajadores.

Idaho dijo que no acatará la recomendación si el Departamento de Trabajo no le garantiza que no será blanco de demandas por discriminación.

Erik Nicholson, director para el noroeste del sindicato de Trabajadores Agrícolas Unidos (United Farmworkers of America), dijo que "es muy frustrante el que por un lado el Departamento del Trabajo y el gobierno de (George W.) Bush quieran imponer más castigos a los trabajadores agrícolas y a los hacendados, y por el otro no tomen medidas para remediar la situación con una reforma real".

Por segundo año consecutivo, Stephens, el hacendado de Washington, solicitó ocho trabajadores temporales a través del programa del gobierno. Una agencia estatal de Washington le envió 16 personas, de las cuales Stephens seleccionó a cuatro, porque las demás no podían levantar las 85 libras (38 kilos) requeridos o porque tenían antecedentes laborales poco confiables.

El Departamento de Trabajo, sin embargo, rechazó su solicitud porque no contrató a más gente de la zona. Cuando apeló la decisión, el Departamento dijo que la solicitud no era válida porque le agencia estatal no había verificado el status migratorio de los trabajadores antes de recomendarlos.

Stephens dice que la situación es ridícula y que el programa temporal del gobierno es "una pesadilla burocrática", pero "constituye mi mejor opción para conseguir trabajadores".

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