BUENOS AIRES (AP) - La justicia comenzó el lunes el proceso contra el último dictador argentino, Reynaldo Bignone, y otros seis ex militares y un ex policía acusados de 56 casos de secuestros, torturas y asesinatos en Campo de Mayo.

Bignone está acusado de ser responsable de allanamientos ilegales, privaciones de la libertad y torturas cometidas entre 1976 y 1978 en distintas instalaciones de Campo de Mayo, una de las mayores guarniciones del ejército.

El ex-presidente militar, de 81 años, y quien cumple prisión preventiva domiciliaria, dio la orden en 1983 de destruir la documentación sobre violaciones a los derechos humanos cometidos en la última dictadura militar (1976-1983), según los informes oficiales.

Dentro del recinto donde se desarrolla el proceso judicial se encuentran familiares de los desaparecidos que portan letreros y fotos de sus seres queridos.

Una de las querellantes, Taty Almeida, dijo a la AP que el proceso judicial es un "logro y un momento histórico".

"Lo mínimo que quisiéramos es cadena perpetua, es lo que corresponde por estos crimenes aberrantes", dijo Almeida, quien afirma que perdió a su hijo Alejandro, de 20 años, en manos de los militares e integra la agrupación Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora. "Jamás perdonaremos y nunca nos reconciliaremos hasta que veamos al último enjuiciado".

La sentencia del juicio se dará a conocer en febrero próximo, estima el abogado Pablo Llonto, quien representa a algunos de los familiares de desaparecidos.

El proceso contra los acusados se abrió en 2003 y ha tardado seis años en llegar a juicio oral, debido a distintas leyes e indultos que exculparon a los militares y que finalmente fueron anulados.

Bignone, quien fue presidente de facto entre 1982 y 1983, año en que traspasó el poder al mandatario elegido democráticamente Raúl Alfonsín, firmó la ley de amnistía para los implicados en desapariciones y homicidios, que después fue anulada por el Parlamento.

Junto a Bignone está acusado Santiago Omar Riveros, quien purga una condena a prisión perpetua por otros casos de violaciones a los derechos humanos. Bignone y Riveros han negado ser responsable de los delitos que se les imputan. Ellos y el resto de los acusados declararán después de que se les lean los cargos.

El resto de los imputados son otros ex-generales: Eugenio Guañabens Perelló, Jorge García, Eduardo Alfredo Espósito y Fernando Exequiel Verplaetsen, quien fue jefe de inteligencia de Campo de Mayo; además están acusados el ex-coronel Carlos Alberto Tepedino y el ex comisario policial Germán Montenegro.

Según cifras oficiales, unas 13.000 personas desaparecieron durante la dictadura, cifra que los organismos de derechos humanos ubican en 30.000.

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La periodista de AP en Buenos Aires, Vanessa Hand Orellana, contribuyo a este reporte.

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