Por Jorge A. Otaola

BUENOS AIRES (Reuters) - Productores del agro argentino definirán el viernes sus acciones contra una política impositiva sectorial del Gobierno, con opciones que van desde nuevas protestas hasta una prórroga para el diálogo, ante el fracaso de negociaciones celebradas durante un mes de tregua.

Representantes del campo acordaron el jueves mantenerse movilizados en asambleas y en estado de alerta al no haberse logrado los objetivos planteados hace un mes, cuando dieron una tregua para negociar y levantaron una feroz huelga que causó una crisis de abastecimiento y tuvo un alto impacto político.

En diferentes reuniones celebradas por entidades rurales, se presentaron posiciones divididas acerca de cómo seguir en pie de lucha, mientras el Gobierno de Cristina Fernández se resiste a revisar un aumento de impuestos a las exportaciones de soja y girasol, que fue el detonante de la huelga.

Mientras los ruralistas más duros pretenden volver a las carreteras como protesta, otros quieren morigerar la postura para permitir que se mantenga el diálogo con la administración de la presidenta Fernández.

"El sector rural se encuentra en permanente estado de alerta y movilización (...) No es beneficioso para nosotros causarle problemas a la gente," dijo a la prensa Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Por su parte, el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, sostuvo una posición más dura: "Marcamos el final de la tregua."

"Se inicia, de ahora en más, una campaña de movilización y de desenmascaramiento de quiénes son los que ganan en la Argentina," añadió.

La comisión de enlace está conformada por la SRA, la FAA, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

El presidente de Coninagro, Fernando Gioino, adelantó que ellos alientan no volver a las carreteras al menos hasta el martes, cuando está prevista una nueva reunión con funcionarios del Gobierno.

RAPIDA REACCION

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) dijo por la noche que adhiere a la finalización de la tregua decidida por la CRA.

La entidad afirmó que "a partir del sábado 3 de mayo comenzará el estado de movilización y presencia de productores a la vera de las rutas (...) como consecuencia de no haberse obtenido soluciones concretas a los problemas planteados por el sector productivo."

No hizo referencia a la reunión del agro prevista para el viernes.

La idea que perdura entre los ruralistas es volver a tener presencia en las carreteras, sin perjudicar el tránsito, pero con la entrega de panfletos y acciones esclarecedoras de la situación sectorial.

El martes se analizaría entre el Gobierno y el campo la vigencia de los impuestos móviles a las exportaciones de granos, lo que disparó la huelga sectorial con interrupciones de carreteras, desabastecimiento de alimentos en algunas ciudades y crisis en el plano político.

COSTO POLITICO

La protesta de marzo, que duró tres semanas, detuvo las exportaciones de Argentina -uno de los mayores proveedores mundiales de granos, productos derivados y carnes- y generó alzas en los principales mercados internacionales de materias primas.

Para dar un poco de oxígeno frente a la huelga de marzo, los hombres del agro resolvieron el 2 de abril dar la tregua de 30 días, pero el malestar persiste pese a que las entidades y el Gobierno alcanzaron el miércoles acuerdos para reabrir las exportaciones de trigo y de carne.

El Gobierno se mostró satisfecho con los avances logrados, pero algunos ruralistas recriminan que sólo se postergan decisiones oficiales para simplemente dejar pasar el tiempo y desgastar las bases empresariales.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aclaró que la normalización de las exportaciones de carne sería en el transcurso de los próximos días y que se deberá cuantificar los remanentes de trigos que existen para vender al exterior.

La semana pasada renunció el ministro de Economía Martín Lousteau, quien había sido el impulsor de un sistema de impuestos móviles que implicó un alza en la alícuota -llamada retenciones- a las exportaciones de soja y girasol.

Tras su salida, las negociaciones se intensificaron, incluso no se descartó la participación de Carlos Fernández, nuevo flamante titular del palacio de Hacienda.

Mediante el nuevo esquema impositivo, el Gobierno quiere evitar que los elevados precios internacionales de los alimentos se trasladen al mercado doméstico y perjudiquen principalmente a la cuarta parte de la población argentina que vive en la pobreza.

El acoso inflacionario es uno de los problemas que afronta el Gobierno, en menos de cinco meses de gestión.

(Reporte de Jorge Otaola, editado por Silene Ramírez)

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