BOGOTA (Reuters) - Un juez de Colombia impuso condenas de entre 50 y 54 años de prisión a 15 militares acusados del asesinato de 10 policías y un civil en lo que inicialmente se presentó como un incidente de fuego amigo, pero que según la fiscalía fue una masacre ordenada por miembros del narcotráfico.

La sentencia del juez cuarto penal del circuito de Cali, Edmundo López, dada a conocer el miércoles en la noche, es la más fuerte que impone la justicia de Colombia en la historia reciente, teniendo en cuenta que la pena máxima que permite la legislación es de 60 años de cárcel.

Los hechos se produjeron en mayo del 2006 cerca del municipio de Jamundí, en las afueras de la ciudad de Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, al suroeste del país.

En ese lugar tropas de un batallón del Ejército atacaron a un grupo de policías que realizaba una operación contra el narcotráfico y luego alteraron la escena del crimen.

La Fiscalía General sostuvo que lo que inicialmente se pretendió mostrar como un accidente de fuego amigo fue en realidad una masacre que se comprobó con 417 pruebas y 32 testimonios y que puso al descubierto la infiltración de un batallón del Ejército por parte de miembros del narcotráfico.

El fiscal general, Mario Iguarán, sostuvo que los militares estaban al servicio de un narcotraficante y que buscaron impedir una operación para confiscar un cargamento de droga.

La pena más alta, de 54 años de prisión, fue para el teniente coronel Byron Carvajal, quien se desempeñaba como comandante del batallón implicado en el caso y a quien el juez encontró culpable del delito de homicidio agravado.

El teniente Harrison Castro, recibió una condena de 52 años de cárcel, acusado de coautor, y en concepto del juez, pese a que se encontraba en el lugar de los hechos y tenía mando sobre la tropa, no hizo nada para evitar el desenlace fatal.

Los otros 13 militares fueron condenados cada uno a 50 años de prisión por el delito de homicidio agravado.

Los abogados defensores de los militares condenados dijeron que apelarán el fallo del juez ante un tribunal e insistieron en que los policías muertos no tenían una orden de operación y que llegaron al lugar en forma amenazante y sin coordinación previa, por lo que los efectivos del Ejército los atacaron creyendo que formaban parte de un grupo armado ilegal.

(Reporte de Luis Jaime Acosta; Editado por Lucila Sigal)

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