BUENOS AIRES (Reuters) - El Gobierno argentino, aún sacudido por una dura derrota en la votación de una ley clave en el Senado, buscaba el viernes recuperar el rumbo asegurando que mantiene su convicción de defender los intereses populares, aunque está dispuesto a revisar sus políticas.

A lo largo de cuatro meses, la presidenta Cristina Fernández defendió con manifestaciones y agresivos discursos un proyecto que subía los impuestos a las exportaciones de granos, pero chocó contra el rechazo sectorial y legislativo, en su primera gran frustración en siete meses en el poder.

El plan buscaba redistribuir la renta extra del sector agropecuario hacia los sectores mas desprotegidos y contener los precios internos de los alimentos, según el Gobierno, pero los analistas creen que necesita esos fondos para pagar deuda pública y financiar un creciente gasto.

"La única garantía de que en la transformación de Argentina estén comprendidos los que sufren, los excluidos y los que menos tienen está en manos de la presidenta," dijo el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, luego de que la derrota disparara hasta versiones de renuncia de la mandataria.

Sin embargo, consultado por reporteros sobre la demanda de cambios en el estilo de gestión, respondió: "La política es política, todos los días se practica y es tan dinámica que obliga forzosamente a que se revise todos los días."

Durante los cuatro años de gestión del ex presidente Néstor Kirchner -esposo de Fernández y con gran influencia en su Gobierno- la oposición fue casi inexistente y la llamada "pareja presidencial" logró imponer sus políticas económicas y sociales sin resistencia.

Todo indicaba que con Fernández en el poder nada cambiaría. Pero este nuevo escenario de un Congreso limitando sus acciones es desconocido para Kirchner y Fernández.

CAMBIOS

La realidad política comenzó a cambiar cuando en marzo la mandataria decidió sin consultar con el sector rural elevar los impuestos que pagan las exportaciones de soja y sus derivados, el principal complejo exportador del país, desatando la rebeldía de los productores.

El sector lanzó una serie de huelgas y protestas que forzaron al Gobierno a negociar cambios en la norma, pero las discusiones no avanzaron y Fernández decidió politizar el conflicto acusando al sector de querer destituirla.

En ese momento ambas partes se radicalizaron y en junio Fernández decidió -aún cuando no era legalmente necesario- enviar la medida al Congreso para una mayor legitimación, confiada en la mayoría de legisladores oficialistas en ambas cámaras.

Pero la presión de los productores sobre los legisladores en provincias agrícolas rindió sus frutos, y la oposición a Fernández vio también la oportunidad de convertir la votación de una norma impositiva en una condena al estilo de gestión de Fernández y Kirchner, visto como autoritario.

Ahora, con el rechazo legislativo, los productores esperan que Fernández también derogue la norma inicial que activó el alza impositiva para volver a foja cero y comenzar a negociar una política agropecuaria, como muchos chacareros reclamaban desde el día 1 del conflicto en marzo.

"No cabe duda que fue un traspié político en algún sentido para el Gobierno," dijo el senador oficialista José Pampuro.

El legislador aseguró que "se tensionó" mucho la relación con el sector agropecuario, una sensación que tuvieron cientos de miles de argentinos que a lo largo de la disputa criticaron con dureza la intransigencia oficial.

"Ahora el Gobierno y el oficialismo tendrá que rever donde falló, cuáles han sido los temas en los que quizás apuntó mal en el bloque justicialista del Senado como también en alguna decisión desafortunada de algún sector del propio Gobierno," agregó Pampuro en una inusual declaración autocrítica.

(Reporte de César Illiano, Editado por Lucila Sigal)

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