BOGOTA (Reuters) - Colombia excluyó el miércoles a grandes empresas y empresarios como beneficiarios de un polémico programa de subsidios agrícolas, que según la oposición fueron adjudicados irregularmente, desatando un escándalo en el Gobierno del presidente Alvaro Uribe.

La adjudicación de subsidios agrícolas por casi 4 millones de dólares es el más reciente escándalo que enfrenta Uribe, quien aún no ha anunciado ni descartado la posibilidad de ser candidato en los comicios del 2010 para buscar su segunda reelección inmediata.

"El Gobierno Nacional ha decidido que los apoyos de Agro Ingreso Seguro a grandes empresas o empresarios se eliminen hacia adelante, incluyendo en esta eliminación los recursos aprobados en la convocatoria de 2009", dijo un comunicado de la Presidencia.

El anuncio se produjo un día después de que el senador del opositor Polo Democrático Alternativo Jorge Robledo realizó un debate en el Congreso por la supuesta entrega irregular de subsidios con presupuesto del Estado.

El político denunció que millonarios recursos del presupuesto fueron adjudicados a través de subsidios agrícolas a personas con poder económico y a empresas que apoyaron la primera reelección de Uribe y que están a favor de su continuidad en el poder.

La oposición ha cuestionado la entrega de millonarios recursos con el argumento de que campesinos de diferentes regiones del país no tienen acceso a créditos del Gobierno para producir o ampliar sus cosechas.

El Gobierno ordenó trasladar los recursos inicialmente destinados a empresas y empresarios a financiar proyectos de campesinos.

"Los recursos que estaban dispuestos para grandes empresas o empresarios se trasladarán a financiar proyectos de pequeños empresarios campesinos", aseguró el comunicado del Gobierno.

Líderes de la oposición calificaron la decisión del mandatario como una estrategia para minimizar el daño político por el escándalo en el que intervino la Procuraduría General que inició una indagación contra ocho funcionarios del Gobierno, incluido el actual ministro de Agricultura, Andrés Fernández, y su antecesor.

Si la Procuraduría General encuentra méritos en el proceso de indagación podrá iniciar una investigación formal e individualizar los cargos a cada uno de los involucrados que podrían quedar inhabilitados para ocupar cargos públicos.

El Polo Democrático y el Partido Liberal promueven una moción de censura contra el ministro de Agricultura, quien enfrenta el riesgo de salir del cargo si prospera la figura.

El Gobierno asegura que más del 80 por ciento de los subsidios adjudicados fueron entregados a familias campesinas pobres.

(Reporte de Luis Jaime Acosta. Editado por Juana Casas)

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